“Por una Sanidad Pública, Gratuita y Universal, pero viable y sostenible”.
La creación del Sistema Nacional de Salud ha sido uno de los grandes logros de nuestro Estado de Bienestar, -junto con las pensiones, la educación, los servicios sociales y la dependencia-, dada su calidad, su vocación universal, la amplitud de sus prestaciones, su sustentación en un esquema progresivo de impuestos y la solidaridad con los menos favorecidos.
Un sistema sanitario, donde el Estado central sólo tiene facultades de coordinación y legislación básica, y son las Comunidades Autónomas las que, a través de sus servicios de salud, asumen la responsabilidad de su desarrollo, gestión y ejecución.
Sin embargo, desde hace más de diez años, la disparidad en las prestaciones de los servicios autonómicos, el crecimiento desigual de las prestaciones del catálogo sanitario, o el incremento desmesurado del gasto farmacéutico y asistencial, entre otras causas, ha conducido al Servicio Nacional de Salud a una situación de grave dificultad económica, se ha perdido la eficacia en la gestión de los recursos disponibles, lo que se ha traducido en una alta morosidad y en un insostenible déficit de las cuentas públicas sanitarias.
Por ello, ha sido necesaria la aprobación por el Gobierno de España, como ya se hizo en todos los países de la Unión Europea, de conjunto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Se trata de la adopción de medidas que permitan optimizar los modelos asistenciales y farmacéuticos y, en especial, el gasto sanitario (sólo el gasto farmacéutico en el año 2011, estuvo por encima de 11 mil millones de euros), más necesario, en países, como España, donde se ha manifestado con mayor intensidad la crisis financiera y económica
Por eso, son necesarios reformas que permitan reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro, ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y los sociales y, sobre todo, garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera básica de servicios comunes.
Con estas medidas, no se socava el derecho a la protección a la salud y la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública, como principio rector de la política social y económica, conforme al artículo 43 de la Constitución; sino que, por el contrario, se reforzará nuestro Sistema Sanitario, haciéndolo viable en cuanto a sus prestaciones y sostenible en lo económico.
Por todo ello, sorprende la contradicción e incoherencia del PSOE, y en especial la actitud mostrada por el PSOE-A en Andalucía, donde se vienen realizando, de forma encubierta, -como es habitual en los socialistas-, recortes de prestaciones sanitarias, cierre de plantas hospitalarias, reducciones de personal, incremento de las listas de espera y del tiempo fijado para las intervenciones, medidas restrictivas en la dispensa de productos farmacéuticos,…,. Todo ello a espalda de los andaluces.
Ahora, “porque una cosa es predicar y otra dar trigo”, con sus “nuevos amigos” de IU, se harán corresponsables de recortes de 263 millones de euros, tras rebajar las nóminas de los casi 100.000 trabajadores del SAS, un 15% a los interinos, eventuales y sustitutos, reducción de complementos salariales, de las guardias y de la atención primaria a médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería. Eso sí, se mantienen los altos cargos y asesores, y los chiringuitos del PSOE, la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Fundación Progreso y Salud
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