La labor de un buen gobernante debe consistir en tener siempre como guía de sus acciones de gobierno el interés general y el bien común. Sin estas miras, el Estado de bienestar acabaría hecho trizas. Por ello, acciones como las propuestas por la Comunidad de Madrid y otras análogas por el Partido Popular en materia educativa están orientadas por el principio del bien común, que aconseja reducir el gasto público en todos los ámbitos. Por encima del despilfarro y la malversación de fondos públicos a que nos tiene acostumbrado el PSOE en forma de EREs ocultos, oficinas fantasmas como la del gobierno aragonés, embajadas gratuitas, centros de interpretación ilógicos y un largo etc., ahora quieren hacernos comulgar con la rueda de molino de que el Partido Popular quiere acabar con la educación pública frente a Rubalcaba, quien es presentado como su defensor. Y para ello, el PSOE ha puesto en acción todo su aparato mediático y propagandístico con el único fin de creer esa falsa imagen con lo únicos fines electoralistas metidos entre ceja y ceja.
Y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno está que los interesados quieran arañar votos con medidas tan insultantes para la inteligencia de sus propios votantes como el famoso vídeo del niño de derechas. Pero sería conveniente ver lo siguiente: ¿dónde estaban todos esos “supuestos” intereses por la educación pública cuando se han aprobado leyes tan dañinas para nuestro sistema educativo como las elaboradas por distintos gobiernos socialistas? ¿Dónde están todos esos que protestan por las medidas de ajuste económico realizadas en educación por gobiernos populares cuando año tras años todos los estudios (como el Informe PISA) dejan a la altura de un pepino a la Educación en España?
El adalid de la educación pública –como así nos lo quieren hacer ver-, es decir, Rubalcaba fue nombrado director general de Enseñanza Universitaria en 1985, en 1986 secretario de Estado de Educación y ministro de Educación y Ciencia en 1992, dando a luz la famosa LOGSE, el principio del fin de una educación de calidad en España. Fin que se ha concretado en la diversidad de leyes educativas desastrosas para la educación de nuestros jóvenes. Unas leyes que no valoran el esfuerzo ni el trabajo como los medios más adecuados para conseguir las metas. Unas leyes que permiten la promoción automática independientemente de las materias pendientes. Unas leyes educativas que disponen del mayor gasto de inversión económica que jamás haya habido en el Estado español y que, con tales gastos, consigue unos resultados nefastos (un 26 por ciento de los alumnos no terminan la educación obligatoria y otro 28,4 por ciento no continúa los estudios. Según el informe PISA, sólo un 3 por ciento de los jóvenes españoles alcanzan niveles de excelencia). Unas leyes que ha devaluado la función docente. Unas leyes en las que las humanidades han sido marginadas del currículo a cambio de asignaturas superfluas y gratuitas como Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos.
Ahora, y después de estos desmanes educativos pretechados por el PSOE en los últimos 25 años, quieren hacernos ver que son ellos los que miran, defienden y luchan por lo público, frente a una derecha malvada que tiene como único fin acabar con el Estado del bienestar. Eso dicen, y al decirlo mienten e insultan a la inteligencia de los ciudadanos, que cada vez son más en reclamar una calidad en la educación como medio para una adecuada formación y preparación para la competitividad social y el mercado laboral.
En un estado de crisis profunda como el actual, todas las medidas que se adopten encaminadas a controlar el déficit público y el gasto superfluo son el camino correcto para garantizar, precisamente, el Estado de bienestar. Y ante esto no valen eslóganes ideológicos como que “en Educación no se debe recortar”. Porque eso no ayuda a solucionar el problema. En Educación, igual que otros muchos ámbitos, hay gastos superfluos que pueden ser prescindibles. Hacer que los profesores aumenten sus horas de clase de 18 a 20 no es injusto ni atenta contra la educación pública. Y, además es legal. Y si no es así, bien podrían haber protestado todos aquellos que ahora lo hacen contra el gobierno socialista de Zapatero-Rubalcaba que aprobó la ley vigente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario